Ciudad de México – Luego de una sesión que se prolongó por más de siete horas de discusión continua, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para eliminar las llamadas pensiones millonarias o “pensiones doradas” que recibían algunos ex funcionarios públicos.

El dictamen aprobado reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y establece que ninguna pensión o jubilación otorgada a servidores públicos podrá superar la mitad del salario mensual que percibe la persona titular del Poder Ejecutivo federal.

Durante la sesión en el pleno, el debate incluyó la discusión de diversas reservas y propuestas presentadas por legisladores de diferentes grupos parlamentarios. En total, se registraron más de 90 oradores que participaron en la discusión, mientras que se presentaron más de un centenar de reservas al dictamen original. Sin embargo, ninguna de las modificaciones planteadas fue aprobada, por lo que el texto se mantuvo en sus términos iniciales.

La votación en lo general registró 458 votos a favor, lo que permitió alcanzar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución. Posteriormente, en la discusión en lo particular, la reforma fue respaldada por 363 legisladores, con 64 votos en contra y 25 abstenciones, lo que permitió su aprobación definitiva en la Cámara de Diputados y su envío a los congresos estatales para su ratificación.

El objetivo principal de la reforma es poner fin a los beneficios considerados excesivos que recibían algunos ex funcionarios en organismos públicos, fideicomisos, empresas estatales y banca de desarrollo. En varios casos documentados, se detectaron jubilaciones que superaban incluso el salario presidencial y que, en situaciones particulares, alcanzaban montos superiores al millón de pesos mensuales.

De acuerdo con la información presentada durante el proceso legislativo, una gran cantidad de ex servidores públicos han recibido pensiones superiores al salario presidencial, lo que generó la necesidad de revisar el sistema y establecer límites que garanticen mayor equidad en el uso del presupuesto público. Asimismo, se indicó que la aplicación de este nuevo esquema podría generar ahorros cercanos a los 5 mil millones de pesos anuales, recursos que podrían destinarse a programas y acciones prioritarias del Estado mexicano.

La iniciativa que dio origen a esta reforma fue impulsada desde el Poder Ejecutivo federal como parte de una estrategia orientada a fortalecer los principios de austeridad y responsabilidad financiera en el servicio público.

Otro punto relevante aprobado dentro del dictamen es que ciertas pensiones y jubilaciones quedarán excluidas del límite establecido. Entre estas se encuentran las pensiones de las Fuerzas Armadas, así como aquellas que provienen de aportaciones voluntarias o sistemas sindicales complementarios, con el propósito de respetar esquemas que operan bajo condiciones distintas al régimen general.

La discusión legislativa se desarrolló en un ambiente de atención constante por parte de la ciudadanía, así como en medio de manifestaciones realizadas por algunos grupos de jubilados pertenecientes a empresas estatales como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, quienes se concentraron en las inmediaciones del recinto legislativo durante el desarrollo del debate.

A pesar de las manifestaciones y de las distintas posturas expresadas durante la sesión, la aprobación de la reforma se concretó con un amplio respaldo legislativo, lo que refleja la intención de avanzar hacia un modelo más equitativo en el otorgamiento de beneficios públicos.

Con la aprobación de esta reforma constitucional, el siguiente paso será la revisión y eventual ratificación por parte de los congresos de las entidades federativas, requisito indispensable para que entre en vigor a nivel nacional. Una vez cumplido este proceso, el decreto será enviado al Ejecutivo federal para su promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Este avance legislativo forma parte de un conjunto de medidas orientadas a reforzar la disciplina financiera y garantizar que los recursos públicos se administren bajo criterios de justicia y responsabilidad, buscando evitar excesos y privilegiar un uso más eficiente del presupuesto nacional.