Morelia, Michoacán – Un juez de control giró 16 órdenes de aprehensión en contra del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por su presunta responsabilidad en diversos delitos relacionados con hechos ocurridos en 2017 en la comunidad indígena de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen.

De acuerdo con información judicial, las órdenes de captura fueron emitidas por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, presuntamente cometidos durante un operativo de seguridad realizado en abril de ese año.

En ese operativo, elementos policiacos habrían participado en acciones que derivaron en la muerte de habitantes de la comunidad, situación que durante años fue denunciada por víctimas y organizaciones civiles por presunto uso excesivo de la fuerza.

Además del exmandatario estatal, también se emitieron órdenes de aprehensión contra otros funcionarios y elementos de seguridad vinculados al operativo. Entre los implicados se encuentran el ex secretario de Seguridad Pública estatal y al menos 14 policías estatales, quienes presuntamente habrían participado en los hechos que derivaron en la muerte de cuatro pobladores de Arantepacua.

Las autoridades señalaron que la decisión judicial se tomó luego de integrar nuevos elementos dentro de la investigación, lo que permitió considerar que existen indicios suficientes para proceder penalmente contra los implicados.

Hasta el momento, se informó que el ex gobernador no ha sido localizado por las autoridades, por lo que su situación legal es considerada como la de una persona prófuga de la justicia.

El caso de Silvano Aureoles no es el primero que enfrenta en materia legal. Desde años anteriores, el ex mandatario ha sido señalado en diversas investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción y uso indebido de recursos públicos. Entre ellas destaca un caso por el presunto daño al erario por más de 3 mil millones de pesos, relacionado con la compra de cuarteles para la Guardia Civil estatal.

En ese contexto, autoridades judiciales han emitido órdenes de captura contra varios de sus ex colaboradores, algunos de los cuales han enfrentado procesos legales por presuntos desvíos de recursos y otras irregularidades administrativas.

La emisión de estas órdenes de aprehensión representa un hecho relevante dentro del ámbito político y judicial en México, debido a que se trata de un exgobernador señalado por delitos graves relacionados con violaciones a derechos humanos. El caso de Arantepacua se convirtió en uno de los episodios más controversiales durante su administración, debido a las denuncias de abuso de autoridad por parte de cuerpos policiacos.

Diversas organizaciones civiles y habitantes de la comunidad afectada han señalado durante años la necesidad de que se haga justicia por los hechos ocurridos en 2017. La decisión judicial de girar órdenes de captura podría representar un avance en la investigación y en la búsqueda de responsabilidades penales contra quienes resulten implicados.

Se espera que en los próximos días las autoridades federales y estatales continúen con la búsqueda del exmandatario y los demás señalados, mientras el proceso judicial avanza en los tribunales correspondientes.