México – La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no procederá, por ahora, a la detención de funcionarios del estado de Sinaloa señalados por autoridades de Estados Unidos, al considerar que la solicitud presentada carece de pruebas suficientes para justificar una medida cautelar urgente.

El posicionamiento de la fiscalía se produce luego de que el Departamento de Justicia estadounidense solicitara la detención provisional con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios, acusados de presuntos vínculos con el narcotráfico.

Sin embargo, tras revisar el expediente, autoridades mexicanas concluyeron que no existen elementos que acrediten la urgencia o la comisión de delitos que ameriten una acción inmediata.

De acuerdo con la FGR, la solicitud estadounidense no corresponde aún a un proceso formal de extradición, sino a una petición de detención provisional, la cual, conforme a la legislación mexicana y al tratado bilateral vigente, solo puede aplicarse cuando hay fundamentos sólidos y evidencia clara.

En este caso, la dependencia señaló que no se cumplen dichos requisitos.

Ante esta situación, la fiscalía mexicana anunció que solicitará información adicional al gobierno de Estados Unidos para poder analizar a fondo las acusaciones.

Esto incluye documentos, pruebas y argumentos que permitan determinar si existen bases legales para proceder conforme al sistema jurídico nacional.

Mientras Washington sostiene que los funcionarios habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa en operaciones de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, el gobierno mexicano ha cuestionado la solidez de las pruebas y la forma en que se hicieron públicas las acusaciones.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado la postura de la FGR, al insistir en que México no actuará sin evidencia contundente y que no permitirá acciones que vulneren la soberanía nacional o el debido proceso.

En medio de la polémica, Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo para facilitar las investigaciones, aunque ha negado categóricamente las acusaciones en su contra.

El caso continúa en desarrollo y podría tener implicaciones políticas y diplomáticas relevantes, especialmente en el contexto de la relación bilateral México–Estados Unidos, donde temas de seguridad, narcotráfico y soberanía siguen siendo puntos clave de fricción.