Hacienda descongela parcialmente cuentas de ex gobernador de Sinaloa, Rocha Moya
Culiacán, Sinaloa – La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó el descongelamiento parcial de cuentas bancarias pertenecientes a un exfuncionario del estado de Sinaloa en cumplimiento a una suspensión provisional emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Aunque la dependencia omitió el nombre del titular en su comunicado oficial, fuentes federales y reportes periodísticos confirmaron que la resolución corresponde al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
Mediante el comunicado número 95, emitido el viernes 13 de noviembre de 2026, la autoridad hacendaria detalló que el fallo fue dictado por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA dentro de un juicio promovido por la defensa del exmandatario.
La determinación judicial le permite disponer únicamente de los pagos próximos correspondientes a sus pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez.
En concreto, el acceso autorizado abarca las ministraciones provenientes de tres instituciones:
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): pensión de jubilación por viudez.
- Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): pensión por cesantía en edad avanzada.
- Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS): pagos derivados de su jubilación como exacadémico de esa casa de estudios.
La SHCP explicó que la medida responde estrictamente al “principio de inembargabilidad de las pensiones”, pero enfatizó que no representa una liberación general de sus activos financieros.
“Se precisa que la medida no implica un acceso total a las cuentas bancarias, por lo que los recursos distintos a los expresamente señalados en la resolución, así como cualquier otra operación financiera, permanecen sujetos a las restricciones correspondientes”, puntualizó la dependencia en su informe.
Antecedentes del bloqueo financiero
El congelamiento de las cuentas de Rubén Rocha Moya se remonta a mayo de 2026, cuando la UIF lo incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
Dicha medida cautelar se aplicó después de que autoridades de Estados Unidos presentaran acusaciones formales en su contra por presunta colaboración con la facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.
Tras solicitar una respuesta administrativa desfavorable en agosto pasado, los representantes legales del exfuncionario acudieron al TFJA para impugnar la inmovilización total de sus ingresos.
En el plano político, Rocha Moya se mantiene separado del cargo bajo una licencia indefinida aprobada por el Congreso de Sinaloa desde el 23 de agosto de 2026, periodo en el que Graciela Domínguez asumió como gobernadora interina.
Finalmente, la Secretaría de Hacienda reiteró que el acatamiento a la suspensión provisional se realiza en apego al debido proceso y a la garantía de audiencia, sin que ello detenga las indagatorias institucionales destinadas a prevenir y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Hacienda descongela parcialmente cuentas de ex gobernador de Sinaloa, Rocha Moya
Culiacán, Sinaloa – La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó el descongelamiento parcial de cuentas bancarias pertenecientes a un exfuncionario del estado de Sinaloa en cumplimiento a una suspensión provisional emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Aunque la dependencia omitió el nombre del titular en su comunicado oficial, fuentes federales y reportes periodísticos confirmaron que la resolución corresponde al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
Mediante el comunicado número 95, emitido el viernes 13 de noviembre de 2026, la autoridad hacendaria detalló que el fallo fue dictado por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA dentro de un juicio promovido por la defensa del exmandatario.
La determinación judicial le permite disponer únicamente de los pagos próximos correspondientes a sus pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez.
En concreto, el acceso autorizado abarca las ministraciones provenientes de tres instituciones:
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): pensión de jubilación por viudez.
- Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): pensión por cesantía en edad avanzada.
- Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS): pagos derivados de su jubilación como exacadémico de esa casa de estudios.
La SHCP explicó que la medida responde estrictamente al “principio de inembargabilidad de las pensiones”, pero enfatizó que no representa una liberación general de sus activos financieros.
“Se precisa que la medida no implica un acceso total a las cuentas bancarias, por lo que los recursos distintos a los expresamente señalados en la resolución, así como cualquier otra operación financiera, permanecen sujetos a las restricciones correspondientes”, puntualizó la dependencia en su informe.
Antecedentes del bloqueo financiero
El congelamiento de las cuentas de Rubén Rocha Moya se remonta a mayo de 2026, cuando la UIF lo incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
Dicha medida cautelar se aplicó después de que autoridades de Estados Unidos presentaran acusaciones formales en su contra por presunta colaboración con la facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.
Tras solicitar una respuesta administrativa desfavorable en agosto pasado, los representantes legales del exfuncionario acudieron al TFJA para impugnar la inmovilización total de sus ingresos.
En el plano político, Rocha Moya se mantiene separado del cargo bajo una licencia indefinida aprobada por el Congreso de Sinaloa desde el 23 de agosto de 2026, periodo en el que Graciela Domínguez asumió como gobernadora interina.
Finalmente, la Secretaría de Hacienda reiteró que el acatamiento a la suspensión provisional se realiza en apego al debido proceso y a la garantía de audiencia, sin que ello detenga las indagatorias institucionales destinadas a prevenir y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita.