Madrid.- Los ataques contra instalaciones de abastecimiento y saneamiento de agua en territorios afectados por conflictos armados aumentaron tres veces en los últimos cuatro años, una situación que expone a millones de personas, especialmente niños, a enfermedades, desnutrición y condiciones sanitarias cada vez más precarias. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia documentó esta tendencia en alrededor de 20 países y pidió garantizar la protección de estos servicios esenciales.

En la cuarta edición de su informe El agua bajo el fuego, el organismo identificó agresiones contra plantas potabilizadoras, pozos, tuberías y otras instalaciones, además de la contaminación de fuentes y las restricciones para ingresar repuestos y productos químicos necesarios para tratar el agua. La destrucción de esta infraestructura también compromete el funcionamiento de hospitales, centros de atención materna y unidades de tratamiento nutricional.

“Los ataques contra los sistemas de agua y saneamiento privan a los niños de agua potable y de servicios esenciales que necesitan agua para funcionar”, advirtió la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, quien también destacó la labor del personal humanitario que mantiene operativos los suministros en condiciones de riesgo.

La falta de agua limpia tiene consecuencias directas en la salud infantil. Los hospitales necesitan este recurso para esterilizar instrumental, atender partos y preparar fórmulas terapéuticas destinadas a menores con desnutrición grave. A su vez, el consumo de agua contaminada provoca episodios de diarrea que dificultan la absorción de nutrientes y reducen la capacidad del organismo para combatir infecciones.

El documento también registra muertes y lesiones de menores que esperaban para conseguir agua, con numerosos casos en la Franja de Gaza. La necesidad de recorrer largas distancias para abastecerse expone, además, a mujeres y niñas a situaciones de violencia sexual. En ese territorio palestino, desde octubre de 2023, más de 130 mil metros de tuberías de alcantarillado han resultado dañados, lo que ocasiona vertidos de aguas residuales sin tratar al mar Mediterráneo y a depósitos temporales.

Otros países presentan afectaciones graves. En Burkina Faso fueron destruidos más de 145 puntos de abastecimiento entre 2020 y 2025, dejando sin acceso al recurso a unas 830 mil personas, de las cuales más de la mitad son niños. En Sudán, cada vez menos plantas de tratamiento permanecen operativas en el estado de Jartum. En Ucrania, los ataques contra instalaciones energéticas de diciembre de 2022 dejaron a casi siete millones de menores sin electricidad, calefacción ni agua.

En Irak, un ataque con drones contra un yacimiento de gas en noviembre de 2025 redujo cerca de 80 por ciento la producción eléctrica en Kurdistán, lo que obligó a racionar el suministro de agua en hospitales y ciudades. La violencia también alcanza a quienes trabajan en estos servicios: en Líbano, 14 empleados de organismos responsables de mantener la infraestructura murieron durante los ataques israelíes de 2024.

Ante estas condiciones, Unicef plantea ampliar el uso de energía solar para mantener los sistemas de abastecimiento sin depender exclusivamente de combustibles o redes eléctricas vulnerables. Afganistán es uno de los ejemplos de esta estrategia: los programas del organismo que utilizan paneles solares representan 65 por ciento de los que funcionan en el país.

Sin embargo, la falta de recursos amenaza la continuidad de estas intervenciones. Durante 2026, Unicef recibió apenas 26 por ciento del financiamiento requerido para atender las necesidades humanitarias de agua de aproximadamente 138 millones de personas.

El organismo pidió a los gobiernos, las partes involucradas en conflictos, los donantes y las organizaciones humanitarias establecer mecanismos para documentar los ataques contra instalaciones de agua, proteger a la población infantil y al personal encargado de estos servicios, garantizar el acceso seguro al recurso e invertir en infraestructura de abastecimiento y saneamiento.