Ciudad de México – Durante la conferencia presidencial La Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum y la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, dieron a conocer los avances de una investigación sobre una presunta red de corrupción que operó en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).

La exposición identificó a los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas como los articuladores de un conglomerado empresarial que acumuló adjudicaciones por un monto total de $2,740.3 millones de pesos entre 2015 y 2025, mediante prácticas de simulación de competencia, utilización de empresas fachada y presunto lavado de dinero.

El origen de la red: trayectoria en el servicio público

De acuerdo con el informe presentado por Raquel Buenrostro, el origen de los hermanos Hernández Casillas se remonta a la década de 1980 en dependencias del Gobierno Federal:

• Inicios en Segob y Cisen: José Alfredo Hernández Casillas fungió como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar en la Dirección General del Registro Nacional de Población (Renapo) y posteriormente en la Secretaría General del Cisen (1989), bajo la dirección de Jorge Carrillo Olea en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Por su parte, Raymundo Hernández Casillas ingresó al área de Recursos Financieros y Materiales de Segob para luego incorporarse al área de investigaciones del Cisen.
• Vínculos políticos e institucionales: El informe detalló el paso de Padilla Aguilar por la Secretaría de Desarrollo Urbano de Estado de México y su posterior nombramiento en 2017 como delegado regional de Gobernación bajo la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong. Asimismo, se señalaron coincidencias posteriores de este grupo con integrantes del Frente Cívico Nacional e exfuncionarios electorales como Marco Antonio Baños, Edmundo Jacobo Molina y Lorenzo Córdova.
• Primer antecedente en el Estado de México: Tras salir de la administración pública, los hermanos constituyeron empresas proveedoras. En 1999, la firma Cartonera Plástica (vinculada a José Alfredo) obtuvo un contrato por $63.7 millones de pesos en la entidad mexiquense para suministro de material electoral, derivando en un escándalo por presuntos sobornos que provocó la renuncia de los siete consejeros electorales locales de la época.

Montos asignados y esquema de operación

La investigación de la Secretaría Anticorrupción detalló la distribución del dinero público obtenido por las empresas del grupo a lo largo del país:

Entre las principales razones sociales identificadas dentro de la red se encuentran: Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández.

Mecanismos de simulación e irregularidades detectadas

• Simulación de competencia: Varias empresas pertenecientes al mismo grupo participaban simultáneamente en las licitaciones públicas con precios previamente concertados, garantizando que una de sus propias firmas obtuviera la adjudicación.
• Uso de empresas fachada: Se detectó la utilización de sociedades sin empleados registrados, sin infraestructura técnica ni capacidad operativa real, las cuales compartían mismos domicilios fiscales y números telefónicos.
• Dispersión de recursos y prestanombres: El dinero adjudicado por los órganos electorales ingresaba a las empresas contratistas e inmediatamente se dispersaba a una red de sociedades secundarias. La dependencia identificó el uso de identidades no autorizadas o prestanombres, incluyendo registros a nombre de jóvenes de 18 años y adultos mayores de 96 años.

Deslinde de responsabilidades y cauce legal

Debido a que el INE cuenta con autonomía constitucional, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno precisó que las indagatorias administrativas y penales serán encauzadas a través de las instancias competentes:

Órganos Internos de Control: Realizarán las auditorías correspondientes dentro de la estructura propia del INE y los OPLEs.

Auditoría Superior de la Federación (ASF): Fiscalizará la legalidad de los procedimientos de contratación y determinará responsabilidades administrativas.

SAT y Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): Investigarán los flujos financieros, la emisión de facturación irregular y posibles esquemas de lavado de dinero.

Fiscalía General de la República (FGR): Integrará las carpetas de investigación correspondientes para ejercitar acción penal en caso de la comisión de delitos federales.