Ciudad de México – La adulteración de combustibles en México registró una reducción significativa en los últimos años, al pasar de niveles cercanos al 34 por ciento a apenas 10 por ciento en la actualidad, de acuerdo con datos dados a conocer por el Centro de Investigación y Estudios del Fraude de Combustibles y Sustancias Alternas (CIEFSA).

El organismo atribuyó esta disminución a una mayor vigilancia gubernamental, operativos contra el robo de hidrocarburos y controles más estrictos en la cadena de distribución de gasolinas y diésel.

Al término de su participación en la Convención de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), el director general de Ciefsa, Miguel Ángel Martínez, señaló que la adulteración de combustibles sigue representando un problema relevante para el país, aunque reconocieron avances importantes respecto a años anteriores.

El director explicó que el fenómeno alcanzó niveles críticos entre 2018 y 2020, cuando prácticamente uno de cada tres litros de combustible presentaba alteraciones en su composición química.

La adulteración de gasolinas ocurre principalmente cuando grupos ilegales mezclan combustibles con solventes, aceites, alcoholes o sustancias de baja calidad para incrementar el volumen de venta y obtener mayores ganancias. Esta práctica no sólo representa pérdidas económicas para consumidores y empresas, sino que además puede provocar daños severos en motores, aumentar emisiones contaminantes y generar riesgos de seguridad.

CIEFSA indicó que uno de los factores clave para reducir la adulteración ha sido el reforzamiento de inspecciones por parte de autoridades federales como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Petróleos Mexicanos (Pemex), además de operativos permanentes contra el llamado “huachicol”. El organismo también destacó la implementación de sistemas de monitoreo y trazabilidad en terminales de almacenamiento y estaciones de servicio.

A pesar de la reducción, el problema aún persiste en algunas regiones del país, principalmente en corredores donde opera el mercado ilegal de combustibles. Estados como Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz y Estado de México continúan siendo identificados como zonas de riesgo debido a la presencia histórica de redes dedicadas al robo y comercialización clandestina de hidrocarburos.

El informe también reveló que la detección temprana de combustibles adulterados ha mejorado gracias al uso de análisis químicos especializados y tecnologías de identificación molecular que permiten rastrear alteraciones en las mezclas comercializadas.

Según Ciefsa, esto ha facilitado la clausura de estaciones de servicio y centros de distribución involucrados en prácticas irregulares.