Ciudad de México – Por unanimidad de 419 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen con reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, mediante el cual se tipifica y sanciona de forma explícita el reclutamiento forzado de personas para integrarlas a las filas del crimen organizado.

La minuta, que fue remitida a la Cámara de Senadores para su revisión y eventual ratificación, busca tapar un vacío jurídico histórico que dificultaba perseguir penalmente la coacción, enganche y levas practicadas por bandas delictivas.

1. Alcance de las penas y supuestos delictivos

La reforma establece un esquema de sanciones escalonadas atendiendo la gravedad, las tácticas empleadas y la vulnerabilidad de las víctimas:

• Pena base: Se imponen penas de 10 a 20 años de prisión (y multas de 5,000 a 50,000 días de salario) a quien, por sí o por interpósita persona, mediante engaño, coerción o violencia, invite, induzca, incorpore o reclute a personas para formar parte de bandas, pandillas o grupos de la delincuencia organizada.
• Reclutamiento forzado calificado: Cuando el delito se concrete mediante el uso expreso de violencia física o moral, amenazas, violencia económica, privación de la libertad, tortura o tratos crueles, la sanción podrá elevarse hasta los 25 años de cárcel y multas de hasta 80,000 días.
• Persecución de oficio: Las investigaciones por este delito deberán iniciarse obligatoriamente de oficio sin necesidad de que exista una denuncia previa de la víctima, evitando así exponer a las personas coaccionadas a represalias.

2. Protección estricta a niñas, niños y adolescentes Proceso

Uno de los ejes centrales de la legislación aprobada por las y los legisladores se enfoca en la infancia y juventud:

• Presunción absoluta: Toda incorporación, captación o utilización de niñas, niños o adolescentes en estructuras delictivas se entenderá y sancionará legalmente como reclutamiento forzado, independientemente de si existió consentimiento explícito o si el enganche ocurrió mediante métodos engañosos (como falsas ofertas de empleo en redes sociales o plataformas de videojuegos).
• Condición de víctimas: La ley reconoce de forma explícita que los menores de edad sometidos por estas redes son víctimas de trata y secuestro, no delincuentes.

3. Agravantes y sanciones a servidores públicos

El texto prevé un incremento de hasta un 50% en las penas en los siguientes casos específicos:

• Servidores o exservidores públicos: Cuando los reclutadores sean o hayan sido integrantes de corporaciones de seguridad pública, Fuerzas Armadas, empresas de seguridad privada o del sistema penitenciario. Además de la condena de prisión, se impondrá la destitución e inhabilitación definitiva para desempeñar cargos públicos.
• Sectores vulnerables: Cuando las víctimas pertenezcan a pueblos indígenas o afromexicanos, o se encuentren en situación de movilidad humana (migrantes).
• Personal especializado: Cuando el reclutamiento se realice sobre personas con formación profesional, habilidades operativas o conocimientos técnicos especializados.

4. Cláusula de colaboración e impacto en estados

Armonización estatal: Tras su eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los congresos de las 32 entidades federativas contarán con un plazo no mayor a 180 días naturales para realizar las adecuaciones a sus códigos penales locales.

Criterio de oportunidad: La legislación contempla la posibilidad de reducir las penas hasta en una tercera parte a los sentenciados que aporten información verídica y comprobable que permita identificar y capturar a otros líderes o reclutadores de las redes criminales.