Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de un arancel general del 10% a las importaciones durante un periodo de 150 días, como respuesta al revés judicial que anuló parte de su política comercial previa. La medida busca sustituir gravámenes de emergencia que la Corte Suprema consideró ilegales por exceder la autoridad presidencial bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Trump explicó que el nuevo decreto se sustentará en el Artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, disposición que permite al Ejecutivo aplicar aranceles de hasta 15% por un máximo de 150 días ante problemas graves en la balanza de pagos. A diferencia de otros mecanismos, esta herramienta no exige investigaciones previas ni procedimientos complejos, lo que facilita su implementación inmediata.

El mandatario subrayó que los aranceles anunciados se sumarán a los gravámenes ya vigentes y defendió la medida como una estrategia para fortalecer la economía estadounidense. “Tenemos alternativas, grandes alternativas… Recaudaremos más dinero y seremos mucho más fuertes por ello”, afirmó durante un contacto con la prensa en la Casa Blanca.

La Corte Suprema había determinado que los amplios aranceles globales previos fueron ilegales al considerar que el Ejecutivo sobrepasó su autoridad legal. Trump calificó el fallo como “profundamente decepcionante” y dijo sentirse “absolutamente avergonzado” por la decisión adoptada por una mayoría de seis magistrados frente a tres votos disidentes.

En paralelo, el Gobierno estadounidense anunció el inicio de varias investigaciones bajo el Artículo 301, instrumento utilizado para indagar prácticas comerciales desleales de otros países y empresas. Estos procesos, sin embargo, suelen prolongarse durante meses, por lo que el arancel temporal funcionaría como medida de transición mientras se desarrollan las pesquisas.

El movimiento de la Casa Blanca confirma la estrategia de Trump de recurrir a diferentes marcos legales para sostener su agenda proteccionista. No obstante, el límite temporal de 150 días y la posibilidad de nuevas impugnaciones judiciales anticipan un escenario de incertidumbre en el comercio internacional, con potencial impacto en socios clave como México, Canadá y la Unión Europea.