Washington, Estados Unidos – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una nueva ola de críticas y cuestionamientos luego de que su administración anunciara oficialmente la creación de un fondo gubernamental cercano a los mil 800 millones de dólares destinado a compensar a personas que aseguren haber sido víctimas de una supuesta “persecución política” durante gobiernos anteriores.

La medida, revelada este 21 de mayo, ha provocado una fuerte controversia en Washington debido a que gran parte de los posibles beneficiarios serían aliados políticos del mandatario, incluidos personajes vinculados con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El programa, denominado “Anti-Weaponization Fund”, contempla recursos por aproximadamente mil 776 millones de dólares y surge como parte de un acuerdo legal derivado de una demanda que Trump había presentado contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones fiscales.

Como parte del convenio, el mandatario accedió a retirar la demanda a cambio de la creación del polémico fondo financiado con dinero público federal.

La administración federal sostiene que el objetivo es indemnizar a ciudadanos que hayan sido investigados o procesados injustamente por razones políticas. Sin embargo, legisladores demócratas, organizaciones civiles y especialistas en ética gubernamental aseguran que el mecanismo podría convertirse en una “caja chica política” controlada directamente por Trump y utilizada para beneficiar a simpatizantes cercanos a su movimiento.

De acuerdo con documentos oficiales difundidos por el Departamento de Justicia estadounidense, el fondo será administrado por una comisión de cinco integrantes designados bajo supervisión del fiscal general interino Todd Blanche, antiguo abogado personal de Trump.

Además, el presidente tendría facultades para remover integrantes del comité, lo que ha incrementado las preocupaciones sobre falta de transparencia y posible conflicto de interés.

Entre los posibles beneficiarios aparecen personas procesadas tras el ataque al Capitolio, figuras conservadoras investigadas durante la administración de Joe Biden y personajes mediáticos vinculados al movimiento MAGA.

La polémica escaló rápidamente en el Congreso estadounidense.

Senadores republicanos reconocieron públicamente tener dudas sobre el alcance legal y político del programa, mientras que legisladores demócratas advirtieron que impulsarán investigaciones formales si recuperan el control de la Cámara de Representantes en las próximas elecciones legislativas.

Hasta ahora, la Casa Blanca ha defendido el proyecto argumentando que cualquier ciudadano podrá solicitar apoyo sin importar su afiliación partidista.

No obstante, el debate político y jurídico continúa intensificándose mientras crecen las presiones para que el Congreso revise la legalidad del fondo y el origen de los recursos públicos destinados a este programa.