Zacatecas.- Integrantes del Sindicato Nacional Minero denunciaron la persistencia de actos de intimidación y presunta violencia laboral en la mina Camino Rojo, operada por la empresa canadiense Orla Mining. De acuerdo con la organización gremial, una trabajadora que busca mantener su afiliación sindical habría sido víctima de amenazas recientes, pese a que un panel laboral del T-MEC ya había señalado irregularidades y actos de coerción en ese centro de trabajo.

La denuncia fue dada a conocer por Óscar Alzaga, representante jurídico del sindicato encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, quien informó que la empleada Yajhaira Guadalupe Gaytán García recibió una propuesta de reinstalación laboral por parte de la compañía bajo las mismas condiciones salariales y prestaciones que tenía previamente. No obstante, aseguró que la trabajadora enfrenta un entorno de hostigamiento que pone en riesgo su seguridad.

Según la versión presentada por el gremio, los hechos involucran a Edna Lucero Luna Torres, identificada como dirigente de una organización sindical vinculada a la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI). El sindicato minero sostiene que la representante habría lanzado amenazas directas contra Gaytán García y sus familiares.

En el reporte enviado a autoridades nacionales e instancias internacionales, se señala que la dirigente presuntamente advirtió a la trabajadora: “sé dónde vives y te voy a buscar a tu casa”, situación que fue considerada por la organización como un acto de intimidación grave. Como respaldo de la denuncia, el sindicato entregó un video del supuesto incidente.

El caso adquiere relevancia debido a que la mina Camino Rojo ya fue objeto de revisión bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En una resolución emitida durante marzo de este año, el panel especializado concluyó que existieron actos de presión y amenazas contra trabajadores vinculados a la sección 335 del Sindicato Nacional Minero.

Dicha resolución marcó un precedente al documentar, por primera vez dentro de este mecanismo, señalamientos sobre la participación de grupos criminales en acciones dirigidas a influir en decisiones sindicales dentro de una empresa. El panel determinó además que la compañía habría mostrado tolerancia frente a conductas de coacción denunciadas por los empleados.

Ante los nuevos acontecimientos, el sindicato informó que notificó formalmente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, así como a representantes diplomáticos de Estados Unidos y Canadá y a los integrantes del panel laboral que conoció el caso.

La organización solicitó medidas urgentes para proteger la integridad física, la seguridad y los derechos laborales de la trabajadora, al considerar que las amenazas podrían escalar.

Asimismo, el abogado del sindicato señaló que los hechos denunciados podrían constituir violaciones a la libertad sindical y a diversos instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos laborales y derechos humanos. Entre ellos mencionó convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), disposiciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Ley Federal del Trabajo, que prohíbe cualquier forma de presión o coerción para obligar a una persona a afiliarse o abandonar una organización sindical.