BARRANQUILLA.- El Juzgado 41 de control de garantías de Barranquilla reanudó la audiencia judicial contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, acusado de haber participado en presuntas irregularidades en contratos de la Gobernación del Atlántico. Durante la sesión, el juez rechazó las solicitudes de la defensa encabezada por el abogado Alejandro Carranza, quien argumentaba una supuesta vulneración al derecho de defensa.

La fiscal Lucy Laborde, encargada del caso, imputó seis nuevos delitos a Nicolás Petro: interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, peculado por apropiación, falso testimonio, falsedad en documento público y falsedad en documento privado. De acuerdo con la Fiscalía, Petro Burgos habría incurrido en estas conductas entre 2021 y 2022, con la finalidad de beneficiarse económicamente de la contratación pública.

Según Laborde, el hijo del mandatario colombiano se habría apropiado indebidamente de 111 millones de pesos, producto de dos contratos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso).

Laborde explicó que, aunque Petro no tenía control directo sobre los recursos públicos, sí habría intervenido activamente en la ejecución de los contratos, motivo por el cual su responsabilidad se configura como interviniente en el delito de peculado por apropiación. 

La funcionaria judicial detalló que existen pruebas documentales y técnicas que acreditan la entrega de dinero en efectivo y cheques fraccionados, canalizados en lugares privados. Además, la fiscal subrayó que los recursos presuntamente desviados provenían de fondos públicos de la contratación estatal, asignados directamente a la fundación Fucoso.

El caso ha despertado gran interés político y mediático, al tratarse del hijo mayor del presidente Gustavo Petro, y podría tener implicaciones significativas para la administración actual, especialmente por la gravedad de los delitos relacionados con la contratación pública en el Atlántico.

Con información de EFE