WASHINGTON.- Legisladores estadounidenses impulsaron una iniciativa para exigir al Gobierno mexicano el cumplimiento de sus compromisos energéticos dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerar que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reciben un trato preferencial que vulnera la competencia y afecta a empresas extranjeras del sector.

A través de un comunicado, los congresistas señalaron que México ha emprendido acciones que favorecen a sus empresas estatales en detrimento de la inversión privada y extranjera, lo cual podría representar una violación a los capítulos 2, 14 y 22 del tratado, referentes al acceso a mercados, inversiones y empresas estatales. En consecuencia, solicitaron que se active el mecanismo de resolución de disputas previsto en el T-MEC, con el fin de investigar el presunto incumplimiento de obligaciones energéticas.

La propuesta, denominada Ley Mexicana de Cumplimiento del Comercio de Energía (Mexican Energy Trade Compliance Act), fue presentada por los representantes Carol Miller, del Partido Republicano, y Henry Cuellar, del Partido Demócrata, con el respaldo de varios miembros del 119º Congreso, incluido el presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, Jodey Arrington.

La iniciativa busca que el representante comercial de Estados Unidos adopte medidas firmes para garantizar que México respete sus compromisos energéticos y brinde condiciones de acceso no discriminatorio a las compañías estadounidenses del sector.

Los congresistas estadounidenses argumentaron que las políticas del Gobierno mexicano han afectado la competitividad de las empresas de Estados Unidos que operan en el país, al restringir exportaciones y limitar oportunidades de inversión.

En este sentido, propusieron tres acciones concretas: solicitar la instalación de un panel de resolución de controversias bajo el artículo 31.6 del T-MEC; iniciar una investigación comercial con base en la Ley de Comercio de 1974; y exigir, durante la revisión conjunta del tratado prevista para 2026, que México garantice igualdad de condiciones a las compañías energéticas extranjeras.