CANANEA, SONORA.- El gobierno federal logró el cierre definitivo de la huelga minera de Cananea, la más prolongada en la historia del país, tras obligar a Grupo México a aportar mil 500 millones de pesos como parte de un acuerdo integral de justicia laboral, social y ambiental.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el acuerdo se financia con un fondo total de 2 mil 222.6 millones de pesos, destinado tanto a liquidar el conflicto laboral como a resarcir los daños provocados por el derrame de sulfato de cobre en el río Sonora ocurrido en 2014.

Del total de recursos, el consorcio Grupo México aporta 70.14 por ciento; el gobierno federal contribuye con 21.7 por ciento y el gobierno de Sonora el 8 por ciento restante. La funcionaria precisó que, además de los mil 500 millones de pesos, se suman 59 millones depositados previamente por la empresa ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Rodríguez subrayó que la Federación fue firme ante el incumplimiento de condiciones por parte de la empresa y sostuvo que el acuerdo beneficiará directamente a las comunidades afectadas y a los trabajadores mineros, al garantizar liquidaciones conforme al contrato colectivo original y acceso pleno a seguridad social y pensiones.

El arreglo se inscribe en el Plan de Justicia para Cananea y contempla apoyos para 650 trabajadores y sus familias, así como para las viudas de 53 mineros fallecidos durante el conflicto, mediante un esquema de entrega directa de recursos, sin intermediarios.

Durante el anuncio, la titular de Gobernación estuvo acompañada por la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena; el secretario del Trabajo, Marath Bolaños; autoridades del IMSS-Bienestar, Conagua y Profepa, así como por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

Como parte del componente ambiental y de salud, se construirán 16 plantas potabilizadoras, se equipará un laboratorio regional de calidad del agua y se instalarán estaciones de monitoreo en el río Sonora. Asimismo, se edificará el Hospital Regional de Ures, con 60 camas, consultorios de especialidad y un laboratorio especializado en metales pesados.

El gobernador Durazo destacó que la coordinación entre los tres niveles de gobierno permitió cerrar un conflicto laboral de más de 18 años y dar continuidad al plan iniciado en 2021, ahora respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de atender rezagos históricos en la región.