Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este jueves durante su conferencia matutina que enviará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, organismo que dependería del Instituto Nacional Electoral (INE) y tendría como propósito impedir la postulación de aspirantes con presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

“Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada es algo que se ha estado trabajando, platicando desde hace tiempo y ayer tomamos la decisión de que será enviada de una vez porque tiene que tomarse en cuenta para el periodo electoral del 2027”, expresó de manera puntual la titular del Ejecutivo.

Al respecto, la mandataria explicó que la propuesta se apega al principio constitucional de presunción de inocencia y busca instaurar un mecanismo que permita a los partidos políticos conocer si las personas aspirantes cuentan con antecedentes o posibles señalamientos antes de definir sus candidaturas.

En ese sentido, Sheinbaum señaló que, en caso de detectarse algún riesgo, las instituciones del Estado mexicano podrían presentar las denuncias correspondientes, aunque aclaró que la decisión final sobre las postulaciones recaerá en los partidos políticos.

Por su parte, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, detalló que la nueva comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales, quienes serían designados por el Consejo General del INE para un periodo de tres años.

De esta manera, este órgano fungiría como enlace entre los partidos políticos que decidan participar de manera voluntaria y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia. A través de este mecanismo, se consultarían los nombres de aspirantes ante instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Según el planteamiento, los partidos entregarían de forma voluntaria la lista de aspirantes a la comisión, la cual solicitaría información a las dependencias de seguridad para determinar si “no existe riesgo” o si “existe riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada.

De manera posterior, la comisión tendría la labor de comunicar a los partidos el resultado de la evaluación y señalar las instituciones que detectaron posibles alertas. Con esa información, cada fuerza política decidiría si mantiene o no la candidatura correspondiente. En paralelo, las autoridades continuarían con las investigaciones pertinentes en caso de hallar elementos relevantes.

Alcalde agregó que aquellas personas interesadas en contender por un cargo deberán autorizar obligatoriamente al partido que las postule para someterse a la revisión de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE.

Asimismo, indicó que todo el procedimiento se desarrollará bajo estrictas medidas de confidencialidad y que la información proporcionada por las autoridades tendrá carácter reservado, con el fin de no vulnerar el debido proceso.