CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó de manera categórica que actúe bajo consigna política en la investigación relacionada con la pensión otorgada en 2004 por Petróleos Mexicanos (Pemex) a María Amparo Casar, actual presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, la institución sostuvo que “es absolutamente falso que esta institución trabaje por consigna, como dolosamente se ha señalado en algunas publicaciones en redes sociales”, y subrayó que el Ministerio Público Federal realiza un análisis técnico y jurídico del expediente para verificar que haya sido integrado conforme a derecho.

La FGR precisó que la carpeta de investigación fue judicializada desde septiembre pasado y no de manera reciente, como se ha difundido en algunas versiones. De acuerdo con la dependencia, el objetivo es garantizar que el proceso se conduzca exclusivamente dentro del marco legal y con pleno respeto a los derechos de las personas involucradas.

Información publicada previamente dio cuenta de que el Ministerio Público Federal promovió la judicialización del caso para que Casar sea juzgada “por su probable intervención en la comisión del hecho señalado en la ley como delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades”, relacionado con la obtención de una pensión vitalicia tras el fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, ocurrido el 7 de octubre de 2004.

En los antecedentes del caso se establece que Márquez Padilla ingresó a Pemex el 1 de junio de 2004 como coordinador ejecutivo en la Dirección Corporativa de Administración, durante la administración federal de Vicente Fox, y falleció poco más de cuatro meses después, tras haber ocupado el cargo durante 129 días. Los peritajes oficiales determinaron que la muerte fue consecuencia de un suicidio y no de un accidente.

Durante una conferencia matutina realizada en mayo de 2024, el entonces titular de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informó que días después del deceso se solicitó el pago de la pensión post mortem a favor de los beneficiarios, con efectos a partir del 8 de octubre de ese año. En ese contexto, el ex funcionario señaló que el cobro mensual, estimado en alrededor de 125 mil pesos, habría representado un daño patrimonial a la empresa productiva del Estado por aproximadamente 31 millones de pesos.

La Fiscalía General de la República enfatizó que la investigación contra Amparo Casar se desarrolla sin sesgos políticos y conforme a los procedimientos legales establecidos. La audiencia inicial del caso está programada para el próximo martes, cuando un juez determinará los siguientes pasos del proceso.