Ciudad de México – El Gobierno de México mantiene acciones legales y diplomáticas para esclarecer la muerte de 17 connacionales ocurridas desde mayo de 2025 durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), informó el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el canciller señaló que el objetivo de las gestiones es que se investigue cada fallecimiento y, en caso de existir responsabilidades, éstas sean determinadas por las autoridades correspondientes. “Lo que buscamos es que haya justicia”, afirmó.

Como parte de esta estrategia, México presentó 20 denuncias en Estados Unidos: ocho ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condado, en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas. Además, la Embajada de México remitió al Departamento de Justicia estadounidense una denuncia elaborada por la Fiscalía General de la República (FGR), con la solicitud de abrir investigaciones sobre los 17 casos.

Velasco informó que algunas autoridades estadounidenses ya respondieron. La fiscalía estatal de Florida comunicó que no abrirá una investigación adicional en uno de los casos, al coincidir con la conclusión de ICE de que la muerte correspondió a un suicidio. En contraste, fiscalías de los condados de Ventura, California; Cook, Illinois, y Harris, Texas, notificaron que evaluarán posibles acciones legales.

México también solicitó la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien manifestó preocupación y señaló que trasladó la información al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para su consideración independiente.

El Gobierno mexicano mantiene además acompañamiento jurídico a las familias mediante su red consular. En casos relacionados con el centro de detención de Adelanto, California, el Programa de Asesorías Legales Externas (PALE) da seguimiento a procesos civiles vinculados con posibles responsabilidades de empresas encargadas de servicios médicos y de operación del centro.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado que las acciones buscan defender los derechos de los connacionales y determinar si existieron responsabilidades de agentes públicos o empresas privadas involucradas en los centros de detención.