El Salvador – Un tribunal especializado en crimen organizado de El Salvador inició un juicio masivo contra 486 presuntos integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), en uno de los procesos judiciales más grandes en la historia del país y en el contexto de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno del presidente Nayib Bukele.

El proceso judicial comenzó esta semana en la ciudad de San Salvador, donde fiscales salvadoreños presentaron cargos contra los acusados por su presunta participación en más de 47 mil delitos cometidos entre los años 2012 y 2022.

Entre los delitos imputados se encuentran homicidio, feminicidio, extorsión, tráfico de armas y desapariciones forzadas, considerados algunos de los crímenes más graves atribuidos a estructuras criminales en el país.

De acuerdo con la Fiscalía General de El Salvador, entre los acusados figuran supuestos líderes históricos y fundadores de la organización criminal, conocidos como parte de la llamada “ranfla nacional”, quienes habrían ordenado diversas acciones violentas en distintos territorios del país.

Además, se les responsabiliza de ordenar ataques masivos, como el asesinato de decenas de personas en un fin de semana de marzo de 2022, hecho que motivó el endurecimiento de las medidas de seguridad en el país.

El juicio forma parte del régimen de excepción decretado en marzo de 2022, el cual ha sido renovado en múltiples ocasiones por las autoridades salvadoreñas para combatir la violencia de pandillas.

Bajo esta medida, más de 91 mil personas han sido detenidas por presuntos vínculos con organizaciones criminales, lo que ha permitido realizar juicios colectivos como el que actualmente se desarrolla.

Según las autoridades, los imputados se encuentran recluidos en diversos centros penitenciarios de máxima seguridad, incluyendo el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), desde donde algunos participan en el proceso judicial.

Los fiscales han presentado pruebas como análisis balísticos, autopsias y testimonios de testigos para sustentar las acusaciones, mientras que las penas podrían alcanzar cientos de años de prisión en caso de que los acusados sean declarados culpables.

No obstante, el juicio ha generado críticas por parte de organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, las cuales han expresado preocupación por posibles violaciones al debido proceso y por la dificultad de que los acusados puedan ejercer una defensa individual adecuada.

Estas organizaciones señalan que el uso prolongado del régimen de excepción podría afectar garantías fundamentales establecidas en la legislación internacional.

A pesar de las críticas, el gobierno salvadoreño sostiene que su estrategia ha logrado reducir significativamente los índices de violencia y homicidios en el país, lo que considera un resultado directo de la política de seguridad implementada en los últimos años.

Con este juicio masivo, las autoridades buscan sentar precedentes legales contra las principales estructuras criminales y consolidar su política de combate frontal contra las pandillas.