CIUDAD DE MÉXICO.– El Instituto Nacional Electoral (INE) se prepara para aplicar sanciones económicas a más de un centenar de funcionarios judiciales recientemente electos, incluidos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por haber recibido beneficios indebidos mediante el uso de materiales conocidos como “acordeones” durante las votaciones de junio pasado.

El Consejo General del INE discutirá este lunes un proyecto de resolución que propone multas individuales que van desde los 27 mil hasta los 146 mil pesos, derivadas del uso de estas listas con perfiles sugeridos, las cuales fueron distribuidas tanto de forma impresa como digital, otorgando ventajas indebidas a candidaturas ganadoras.

En la propuesta se contempla sancionar al futuro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, con 39 mil 712 pesos; mientras que la ministra Loretta Ortiz recibiría la multa más alta entre este grupo, por 127 mil 508 pesos. Otras figuras del máximo tribunal sancionadas serían Yasmín Esquivel, Lenia Batres, María Estela Ríos, Arístides Guerrero, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa y Sara Irene Herrerías, con montos diferenciados según su grado de exposición.

También serán penalizados integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, instancia que reemplazará al Consejo de la Judicatura y estará encargada de supervisar al propio Poder Judicial. En este bloque destaca la multa de 146 mil 884 pesos contra Celia Maya, quien será titular del órgano, además de otras sanciones dirigidas a Bernardo Bátiz, Eva Verónica de Gyves, Rufino H. León e Indira Isabel García.

El documento en discusión señala que el uso de estos acordeones debe clasificarse como una “aportación prohibida”, al haber generado ventajas específicas en una contienda judicial que debía mantenerse imparcial. Por esa razón, el INE propone calcular las sanciones con base en el 10 por ciento del tope de gasto de campaña aplicable, y ajustarlas según la capacidad económica y nivel de visibilidad de cada persona.

Además de las pruebas físicas, el expediente incluye capturas de pantalla de sitios web que promovieron los materiales, como el portal Juristas por la Transformación, utilizado como referencia por votantes.

Aunque se investigó también la presunta participación de Morena, el PT y el PVEM en la financiación o promoción de estos materiales, el INE concluyó que no existen elementos concluyentes para fincar responsabilidades a los partidos, por lo que sus casos se declararon infundados.

Este procedimiento se originó a partir de denuncias por uso indebido de recursos públicos y posible inequidad en la contienda interna del Poder Judicial, que fue organizada sin participación de partidos políticos.