REDACCIÓN.- En una decisión que marca un nuevo capítulo en su política de seguridad hemisférica, el gobierno de Estados Unidos declaró en febrero como organizaciones terroristas a ocho grupos criminales de América Latina, incluyendo a seis de los cárteles más poderosos de México. Según el Departamento de Estado, estas estructuras delictivas representan una amenaza directa para la población estadounidense, así como para la seguridad nacional y la estabilidad regional en el hemisferio occidental.

Los cárteles mexicanos incluidos en esta medida son el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y la nueva Familia Michoacana. De acuerdo con el comunicado oficial, estos grupos “representan un riesgo para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de Estados Unidos”.

La administración estadounidense advirtió especialmente sobre la cercanía de estas organizaciones con su territorio y el nivel de violencia que generan en ambos lados de la frontera. “Sus actividades, proximidad e incursiones en el territorio físico de los Estados Unidos suponen un riesgo inaceptable para la seguridad nacional de los Estados Unidos”, subrayó la Casa Blanca.

A esta lista se sumaron también el Tren de Aragua, una organización de origen venezolano con operaciones transnacionales, y la Mara Salvatrucha (MS-13), surgida en El Salvador, cuyos niveles de violencia han sido catalogados como extremos. El documento describe a estas agrupaciones como actores que desarrollan “campañas de violencia y terror en Estados Unidos y a escala internacional” de manera “extraordinariamente violenta, despiadada y amenazante para la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental”.

La designación como organizaciones terroristas implica que estos grupos pueden ser objeto de sanciones más severas, entre ellas la congelación de activos, la prohibición de transacciones económicas y la colaboración ampliada con agencias internacionales para su persecución. Esta estrategia, encabezada por el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, busca fortalecer los mecanismos de seguridad en cooperación con gobiernos aliados en la región.

La inclusión de cárteles mexicanos en esta lista se da en un contexto de creciente tensión entre ambos países en materia de seguridad, narcotráfico y cooperación bilateral. Para el gobierno estadounidense, el combate contra los cárteles del narcotráfico ya no es solo una prioridad interna, sino un componente central de su política exterior.

Esta medida también responde a las presiones políticas internas en Estados Unidos, donde sectores conservadores han impulsado con fuerza una narrativa que vincula la violencia en territorio estadounidense con la actividad de organizaciones criminales transnacionales. Con esta designación, Washington envía una señal clara sobre su voluntad de endurecer su postura frente al crimen organizado que opera más allá de sus fronteras.