CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso sanciones administrativas a tres compañías privadas tras acreditar que entregaron información falsa para intentar obtener contratos con dependencias federales. La resolución fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y confirma la inhabilitación temporal de las empresas Ravisa Autos del Oriente, Gen Industrial y Escore Alimentos.

Durante una conferencia en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal explicó que las sanciones derivan de procesos de verificación que detectaron irregularidades en la documentación presentada por las empresas. Señaló que estas acciones buscan proteger los recursos públicos y garantizar que los procesos de contratación se conduzcan con legalidad, transparencia y responsabilidad.

En el caso de Ravisa Autos del Oriente, la autoridad determinó una multa de 175 mil 367 pesos, además de una inhabilitación por tres meses para celebrar contratos con cualquier dependencia gubernamental. La empresa incurrió en inconsistencias al presentar información fiscal falsa durante una licitación nacional para la adquisición de camionetas tipo pick up, particularmente en el documento que acredita el cumplimiento de sus obligaciones patronales.

Por su parte, Gen Industrial y Escore Alimentos recibieron sanciones económicas de 157 mil 685 pesos cada una, así como la misma restricción temporal para contratar con el sector público. En el primer caso, se detectaron datos engañosos en un procedimiento relacionado con el servicio de recolección de residuos para la Secretaría de Salud. En el segundo, la irregularidad se presentó al falsear la opinión de cumplimiento de obligaciones de seguridad social en un proceso para brindar servicios de alimentación a pacientes y personal médico.

La dependencia federal subrayó que estas resoluciones se emitieron conforme a la ley y bajo criterios de proporcionalidad, con el objetivo de prevenir prácticas indebidas y reforzar la integridad de los procesos de contratación. Asimismo, reiteró que las sanciones buscan enviar un mensaje claro de cero tolerancia frente a conductas que vulneren la confianza pública.

Con estas acciones, el gobierno federal fortalece los mecanismos de control y transparencia, al tiempo que protege el uso adecuado de los recursos públicos. La aplicación de sanciones a empresas que incumplen la normativa forma parte de una estrategia más amplia para garantizar que las contrataciones se realicen con apego a la legalidad y al interés colectivo. En este contexto, las sanciones a empresas representan un paso firme para combatir prácticas irregulares y asegurar condiciones equitativas en la administración pública.