Ciudad de México – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, hacer pública su declaración patrimonial, luego de que se conociera que el organismo había mantenido reservada parte de esa información.

Durante su conferencia matutina del 11 de septiembre, Sheinbaum explicó que la reserva se originó en una disposición interna del propio Infonavit.

La mandataria afirmó que esa norma debe modificarse y sostuvo que los servidores públicos deben transparentar sus declaraciones patrimoniales, por lo que el titular del instituto no debía ser una excepción.

La solicitud presidencial ocurrió después de que se reportara que el Comité de Transparencia del Infonavit había determinado mantener como confidenciales datos relacionados con los bienes, ingresos, cuentas bancarias, vehículos y otros aspectos financieros de Romero Oropeza. La información había sido clasificada de esa manera desde su llegada a la dirección del organismo.

Tras el llamado de Sheinbaum, la declaración patrimonial de Romero Oropeza fue publicada. De acuerdo con los datos difundidos posteriormente, el funcionario reportó un patrimonio superior a 47 millones de pesos, integrado por bienes inmuebles, bienes muebles y cuentas bancarias. Entre los inmuebles aparecen una casa, varios predios rústicos y dos departamentos.

La declaración también señala que durante 2025 Romero Oropeza recibió más de 2.2 millones de pesos por su cargo como director general del Infonavit, cifra que fue reportada como superior al ingreso anual de la Presidenta de la República.

Sheinbaum indicó además que la disposición interna que permitió reservar la información deberá ser modificada. El caso abrió nuevamente el debate sobre las obligaciones de transparencia de los funcionarios públicos y sobre los límites entre la información patrimonial que debe ser pública y los datos personales que la legislación protege.

La Presidencia y el Infonavit deberán ahora garantizar que las versiones públicas de las declaraciones cumplan con las obligaciones de transparencia, sin divulgar información personal protegida por la ley.