Ciudad de México – La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que la suspensión definitiva otorgada por la justicia federal al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, no invalida su vinculación a proceso ni representa la exoneración o conclusión de la causa penal que se le sigue.

La medida cautelar concedida por la jueza Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México (expediente de amparo 1085/2026), únicamente frena de manera temporal el avance hacia la etapa de juicio oral una vez finalizada la fase intermedia. Con esto, las indagatorias del Ministerio Público Federal se mantienen activas hasta resolver el fondo del amparo.

Los puntos clave del caso y la aclaración procesal

• Alcance de la medida cautelar: La suspensión definitiva congela el procedimiento judicial en la etapa intermedia. No cancela la vinculación a proceso dictada en julio pasado ni implica que los cargos hayan sido retirados o que el imputado sea declarado inocente.
• Delitos e imputaciones: El exmandatario estatal enfrentará la continuidad del proceso bajo las acusaciones de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. Se le investiga por su presunta participación en la toma de decisiones y representación de la empresa Ingemar, señalada por operar una red de contrabando de combustible a través de ferrotanques.
• Daño al erario: De acuerdo con las periciales, análisis bancarios y diligencias ministeriales de la FGR, las operaciones irregulares asociadas a dicha empresa generaron una afectación estimada en alrededor de 4 mil millones de pesos al erario público.
• Situación cautelar: Ernesto Ruffo, de 74 años, permanece bajo medida de prisión preventiva domiciliaria en su residencia de Ensenada, Baja California, custodiado por elementos de la Guardia Nacional tras haber estado internado anteriormente en el penal federal del Altiplano.
• Postura de la defensa: El exgobernador sostiene que su implicación con la empresa se limitó a su rol como accionista e inversionista de capital y rechaza haber coordinado operaciones ilícitas en las aduanas, argumentando ser objeto de persecución política.

La FGR reiteró mediante un comunicado institucional que continuará desahogando las pruebas correspondientes y mantendrá la investigación abierta hasta que se emita la resolución final del amparo y el juzgador determine la procedencia del juicio oral.