CIUDAD DE MÉXICO.- Tras más de diez horas de diligencia judicial, la jueza Ángela Zamorano Herrera, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, aplazó hasta el 19 de noviembre la audiencia para determinar si el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, podrá acceder a la libertad condicional.

Durante la sesión, Duarte y su defensa presentaron a cinco de los seis testigos propuestos para acreditar su buena conducta dentro del penal, entre ellos funcionarios penitenciarios y exdirectivos del Reclusorio Norte. El único pendiente de comparecer es Luis Ángel Hernández, actual director del centro penitenciario. Por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), aún faltan seis testigos por declarar.

Entre los comparecientes se encuentran Leticia Gárnica González, directora Jurídica del Reclusorio Norte, y Daniel Espinosa Espinosa, subdirector de Custodia, quien reveló que Duarte fue sancionado en 2019, 2020 y 2021 por alteraciones al orden y posesión de artículos no permitidos, como un módem y un reproductor Blu-ray. Sin embargo, el funcionario señaló que el ex mandatario “tiene más de cinco años sin sanciones y se comporta de manera disciplinada”.

El abogado Pablo Campuzano, defensor del exgobernador, negó que los objetos encontrados correspondieran a su cliente, afirmando que las latas eran de alcohol sólido utilizado para calentar comida. Añadió que Duarte cumple con los requisitos de la Ley Nacional de Ejecución Penal para obtener la libertad anticipada, como haber cumplido 75% de su condena, mantener buena conducta y participar en actividades de reinserción social.

Sobre este tema se le cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este miércoles y confirmó que el exmandatario priista “está por cumplir su sentencia” y que no tiene información sobre otros procesos abiertos. “Más allá de la sanción moral y ética que tenga la sociedad, está por concluir su condena que fue impuesta hace tiempo”.

Javier Duarte fue sentenciado en 2018 a nueve años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, tras aceptar su responsabilidad en el desvío de recursos públicos durante su administración (2010-2016). Fue detenido en Guatemala en abril de 2017 y extraditado a México, donde desde entonces cumple su condena en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.