Ciudad de México.- Con relación al posicionamiento que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) en cuanto a las obligaciones de los Estados frente al tráfico ilícito de armas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró este jueves durante su conferencia de prensa que “la mayor ayuda que nos pueden dar es evitar que entren las armas” al país.

La jefa del Ejecutivo destacó que, si bien desconoce si la demanda de México relacionada con la venta ilícita de armas derivará en una acusación formal en tribunales de Estados Unidos, el propósito es dar cuenta de la responsabilidad que tienen los fabricantes y los expendedores en el arribo ilegal de armas a nuestro país.

Esta opinión consultiva “respalda y refuerza la posición sostenida por México en el tema”, comunicó, por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), postura que determina que los Estados deben actuar de forma diligente en aras de regular, supervisar y fiscalizar la comercialización de armamento, aún cuando ésta sea llevada a cabo por el sector privado.

Así, la cancillería apuntó que la declaración de la Coridh hace patente la necesidad de que los países adopten controles eficientes para impedir que las armas sean desviadas hacia el mercado ilegal, así como medidas encaminadas a la identificación de su origen y el rastreo de su circulación.

La opinión del órgano judicial interamericano, derivada de una solicitud presentada por México en 2022, hace hincapié en en que se debe garantizar el marcaje, registro y rastreo de armas de fuego, además de fortalecer la gestión de arsenales y de armamento decomisado para impedir su desvío hacia redes ilícitas.

En el mismo orden de ideas, la Corte insistió en que las víctimas de la violencia armada tienen derecho a recursos judiciales efectivos para reclamar por los daños sufridos, y que los Estados deben cooperar internacionalmente para erradicar este tipo de actividad ilícita.