Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, aseguró que los gobiernos de la Cuarta Transformación han impulsado acciones de justicia laboral para el magisterio, por lo que mil 100 docentes que fueron cesados y perseguidos por rechazar la reforma educativa de 2012 ya fueron reinstalados en sus funciones.

Durante su participación en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y de acuerdo con un comunicado oficial, el funcionario llamó a las y los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a analizar las propuestas planteadas por el Gobierno federal en torno a la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) y la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, además de exhortarlos a regresar a las aulas ante el cierre próximo del ciclo escolar.

“En el caso de la Usicamm, ya se ha propuesto una ruta para construir conjuntamente una iniciativa que conduzca a una reforma que la sustituya y establezca una nueva relación entre el Estado y el magisterio, en la que se garanticen los derechos laborales, exista transparencia y se evite caer nuevamente en las prácticas de los gobiernos neoliberales, como el nepotismo, el favoritismo o la corrupción mediante la venta de plazas”, comentó.

En relación con la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, Delgado Carrillo explicó que actualmente el sistema pensionario mexicano opera bajo un esquema mixto, donde las cuentas individuales se complementan con un componente solidario destinado a mejorar las pensiones y garantizar un retiro digno para las y los trabajadores de la educación. Añadió que este mecanismo busca que las y los maestros mantengan un ingreso similar al último salario percibido al momento de jubilarse.

Respecto a la política salarial, el secretario detalló que durante el sexenio de Felipe Calderón un maestro de primaria percibía en promedio 9 mil 580 pesos; con Enrique Peña Nieto el salario aumentó a 11 mil 952 pesos; mientras que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador alcanzó los 17 mil 635 pesos y actualmente, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, ronda los 20 mil pesos mensuales. Señaló que estos incrementos forman parte de una estrategia para recuperar el poder adquisitivo perdido durante el periodo neoliberal.

Sobre las afectaciones por el paro magisterial, informó que en Chiapas permanecen sin actividades 2 mil 450 escuelas, equivalentes al 13 por ciento del total estatal; en Guerrero se encuentran en paro mil 559 planteles, es decir, el 14.7 por ciento; y en Michoacán suman 684 escuelas, lo que representa el 6.59 por ciento.

Añadió que en Oaxaca continúa suspendido el servicio educativo en el 80.6 por ciento de las escuelas, mientras que en Zacatecas la cifra alcanza el 47.34 por ciento de los planteles. “En la Ciudad de México tenemos 10 escuelas en paro, que representan el 0.23% del total, por lo que prácticamente no existe afectación por esta causa”.

A pesar de ello, Delgado Carrillo consideró necesario que las y los docentes retornen a clases para concluir de manera ordenada el ciclo escolar.

El funcionario recordó además los apoyos económicos destinados al sector educativo en distintas entidades del país. Destacó que en Oaxaca se han canalizado más de 23 mil millones de pesos, mientras que en Zacatecas se alcanzaron acuerdos relacionados con procesos de titulación docente, recuperación de prestaciones, bonos especiales para maestros de educación física y artes, acompañantes musicales, médicos escolares, así como apoyos a jubilados y creación de plazas de educación superior.

En el caso de Chiapas, indicó que fueron incorporadas 670 plazas al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), además de autorizarse 10 mil 538 cambios de centro de trabajo y mil 17 nombramientos por incremento de horas.

También señaló que, derivado de diversas negociaciones, se acordó la asignación de aproximadamente 248 millones de pesos para la reinstalación de docentes, pago de bonos a jubilados, apoyos para maestros frente a grupo, cobertura de interinatos, homologación de bonos en educación media superior, ascensos y otros adeudos en secundarias.

“Por eso siempre hemos dicho que no es necesario recurrir a este tipo de manifestaciones, aunque las respetamos porque somos un gobierno democrático y reconocemos el derecho a la libre manifestación pacífica. Existe una atención permanente por parte de la Secretaría de Educación Pública y contamos con la autorización de la presidenta para atender y resolver aquellos asuntos pendientes que representen casos de justicia”, concluyó.