Ciudad de México – Un tribunal federal ordenó la liberación inmediata de Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien durante décadas fue señalado por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) como el presunto segundo tirador en el asesinato del entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California.

La resolución fue emitida luego de que un Tribunal Colegiado determinó concederle un amparo, al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó elementos suficientes para mantener vigente la orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado.

Con ello, el órgano jurisdiccional instruyó dejar sin efectos la medida privativa de la libertad y ordenó su liberación inmediata.

Jorge Antonio Sánchez Ortega fue detenido originalmente el mismo día del atentado contra Colosio. En aquel momento surgieron diversas versiones que lo ubicaban cerca del candidato priista durante el mitin celebrado en la colonia Lomas Taurinas.

Entre los señalamientos que alimentaron la llamada teoría del “segundo tirador” destacó que se detectaron rastros de sangre de la víctima en su ropa, situación que dio pie a múltiples especulaciones sobre una posible participación en el crimen.

Sin embargo, con el paso de los años las investigaciones oficiales sostuvieron que la sangre encontrada en las prendas de Sánchez Ortega habría sido consecuencia del auxilio que brindó al candidato tras los disparos, y no una prueba concluyente de su participación en el homicidio. A pesar de ello, el caso permaneció abierto y continuó siendo objeto de nuevas líneas de investigación impulsadas por la Fiscalía General de la República.

En 2024, la FGR reactivó la hipótesis de la existencia de un segundo agresor y solicitó una orden de aprehensión contra Sánchez Ortega, argumentando que existían nuevos elementos derivados de la revisión del expediente histórico. No obstante, la defensa del imputado promovió diversos recursos legales al considerar que la acusación carecía de sustento suficiente y que se estaban vulnerando sus derechos procesales.

Tras analizar el caso, el Tribunal Colegiado resolvió conceder el amparo al estimar que la autoridad ministerial no acreditó de manera adecuada los requisitos legales para mantener vigente la orden de captura. En consecuencia, ordenó su liberación inmediata, dejando sin efectos la medida cautelar que lo mantenía privado de la libertad.

La decisión judicial no implica un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad o inocencia de Jorge Antonio Sánchez Ortega respecto al asesinato de Luis Donaldo Colosio, sino que establece que, con las pruebas presentadas hasta este momento, no existen bases legales suficientes para mantener la orden de aprehensión en su contra.

Aunque Mario Aburto Martínez fue sentenciado como autor material del crimen, durante más de tres décadas han persistido distintas teorías sobre una posible participación de otras personas, lo que ha dado lugar a múltiples revisiones judiciales e investigaciones ministeriales.