CIUDAD DE MÉXICO.— La Fiscalía General de la República (FGR) criticó duramente la resolución judicial que permitió la liberación del activista Luis García Villagrán, acusado de presunto tráfico de personas, y confirmó que interpondrá un recurso de apelación, además de iniciar una carpeta de investigación contra el juez que dictó el fallo.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el fiscal general Alejandro Gertz Manero señaló que el juez Jonathan Francisco Izquierdo Prieto ignoró 75 pruebas presentadas por distintas autoridades. “Yo no había visto una cosa igual”, expresó, al considerar que la decisión dejó sin análisis elementos que, según la FGR, acreditaban la responsabilidad del imputado.

García Villagrán, conocido por organizar caravanas de migrantes y defender sus derechos, fue liberado del Centro de Reinserción Social 3 de Tapachula, Chiapas, tras una audiencia en la que el juez determinó no vincularlo a proceso por falta de pruebas. El fiscal recordó que la denuncia fue presentada por el Instituto Nacional de Migración y respaldada por la Secretaría de Seguridad federal, que recopiló decenas de evidencias.

“Cuando lo llevamos frente al juez, el juez no quiso ni siquiera analizar las 75 pruebas que habían presentado todas las autoridades, y dijo que como se dedicaba a proteger a los grupos migrantes, lo ponía en libertad. Yo no había visto una cosa igual ¡eh!”, remarcó Gertz Manero.

En respuesta a una pregunta directa, el titular de la FGR afirmó: “No sólo vamos a apelar, vamos a iniciar una carpeta… Detrás de todo eso hay fortunas incalculables que están victimizando a miles de personas y no puede quedar así”.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, recordó que el activista formaba parte del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas desde 2019. No obstante, subrayó que este beneficio no exime a nadie de enfrentar procesos judiciales.

“Cualquier persona que esté bajo el mecanismo de protección y cometa un delito puede ser detenida, siempre y cuando haya una orden judicial. En este caso, el mismo juez que autorizó la aprehensión fue quien después le otorgó la libertad”, puntualizó.

La controversia por la liberación de Luis García Villagrán ha reavivado el debate sobre el papel del Poder Judicial en casos de tráfico de personas, un delito que las autoridades federales insisten en combatir como parte de su estrategia nacional contra el crimen organizado y la trata de migrantes.