Ciudad de México – La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que sancionó a la organización ciudadana México Tiene Vida, A.C., al considerar acreditadas diversas irregularidades detectadas durante el proceso mediante el cual buscó obtener su registro como partido político nacional.

Entre las irregularidades confirmadas destaca la simulación de información en más de 5 mil registros de afiliación, conducta que el INE determinó como una falta grave al comprobar inconsistencias en la documentación presentada por la organización para acreditar el respaldo ciudadano exigido por la legislación electoral.

Como consecuencia, el organismo electoral impuso una multa de 3 mil 62 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 346 mil 434.68 pesos, por proporcionar información falsa mediante la simulación de afiliaciones.

Además, recibió una segunda sanción de 874 UMA, equivalentes a 98 mil 884.36 pesos, por entregar información deficiente en diversas afiliaciones sustentadas únicamente con copias de credenciales para votar.

Al resolver los recursos de apelación promovidos por la organización, la Sala Superior concluyó que el INE acreditó correctamente las irregularidades mediante una valoración integral de las pruebas y confirmó que la autoridad electoral actuó conforme a derecho al sancionar las inconsistencias detectadas durante la revisión del procedimiento de registro.

El Tribunal también desechó una segunda demanda presentada por México Tiene Vida por haber precluido su derecho para impugnar, así como un recurso promovido por el Partido Verde Ecologista de México por carecer de una firma válida.

Las irregularidades detectadas de México Tiene Vida abarcaron tanto la integración del padrón de afiliados como el manejo de recursos durante el periodo comprendido entre enero de 2025 y febrero de 2026.

Además de las sanciones relacionadas con las afiliaciones simuladas, el TEPJF dejó firme otra multa de 565 mil 700 pesos impuesta por el INE debido a que la organización recibió recursos provenientes de una fuente prohibida por la legislación electoral, al aceptar aportaciones canalizadas por una empresa mercantil a través de un particular.