CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México publicó ayer jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que concreta la reforma constitucional en materia de extorsión, luego de haber sido ratificada por la mayoría de las legislaturas locales. Con esta modificación, el Congreso de la Unión adquiere la facultad para legislar de manera directa sobre este delito.

De acuerdo con el decreto, el Congreso cuenta con un plazo de 180 días para elaborar y aprobar la Ley General en materia de extorsión, la cual deberá definir un marco legal uniforme que fortalezca la persecución y sanción de este ilícito en todo el territorio nacional.

La reforma modifica el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la constitución, con el propósito de establecer un tipo penal homogéneo para la extorsión, así como sus agravantes y sanciones correspondientes. Esta armonización permitirá eliminar vacíos legales y diferencias entre los códigos penales de las entidades federativas.

Con esta reforma, el Gobierno busca evitar la fragmentación jurídica que ha dificultado la impartición de justicia en los casos de extorsión. Además, se pretende fortalecer la coordinación entre autoridades estatales y federales para combatir de manera más efectiva uno de los delitos que más afecta a la ciudadanía.