San Salvador.- La Fiscalía General de la República de El Salvador solicitó la imposición de las penas más severas contempladas por la legislación nacional contra 485 presuntos integrantes de alto rango de la Mara Salvatrucha (MS13), al concluir la fase de alegatos de un juicio considerado uno de los más grandes emprendidos contra estructuras criminales en la historia reciente del país.

La petición fue presentada después de tres meses de audiencias en las que el Ministerio Público expuso pruebas y testimonios para sustentar las acusaciones contra los procesados, a quienes atribuye participación en 14 mil 420 hechos delictivos ocurridos entre 2012 y 2022. Además de las condenas penales, la institución requirió una compensación económica por nueve millones de dólares en concepto de reparación civil.

Según la investigación fiscal, los acusados habrían integrado distintos niveles de mando dentro de la MS13 y estarían relacionados con una amplia gama de delitos. Entre ellos figuran 444 homicidios agravados, extorsiones, trata de personas, tráfico de armas, distribución de drogas, rebelión y asociación ilícita.

Durante el desarrollo del proceso, los fiscales presentaron diversos elementos probatorios, incluidos registros de comunicaciones telefónicas atribuidas a dirigentes de la organización criminal. De acuerdo con la acusación, en esas conversaciones se emitían órdenes para ejecutar asesinatos y coordinar otras actividades ilícitas.

Las autoridades también sostienen que la estructura utilizó a cerca de mil 200 menores de edad para distintas operaciones y que cientos de mujeres fueron víctimas de explotación dentro de la organización. Asimismo, la Fiscalía afirma que la pandilla mantenía una red compuesta por 32 agrupaciones operativas, algunas con presencia fuera de El Salvador.

Los procesados siguieron las audiencias de manera remota desde instalaciones del Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo (Cecot), el complejo penitenciario de máxima seguridad impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele como parte de su estrategia contra las pandillas.

El juicio se desarrolla en un contexto marcado por el régimen de excepción implementado desde marzo de 2022 para combatir a estos grupos criminales. La medida permitió ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad y derivó en reformas legales que facilitaron la realización de procesos colectivos contra integrantes de una misma estructura.

Datos oficiales indican que, desde el inicio de esa política, más de 92 mil personas han sido detenidas bajo sospecha de pertenecer o colaborar con pandillas. El gobierno salvadoreño asegura que la estrategia ha contribuido a reducir drásticamente los índices de violencia y a recuperar territorios anteriormente controlados por grupos criminales.

Sin embargo, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han expresado preocupación por denuncias relacionadas con detenciones arbitrarias, restricciones a garantías fundamentales y muertes de personas bajo custodia estatal. Diversas organizaciones han pedido investigaciones independientes sobre esos casos.

El proceso judicial contra los presuntos líderes de la MS13 representa el segundo juicio masivo de gran escala realizado en el país. En 2025, tribunales salvadoreños condenaron a decenas de integrantes de la pandilla Barrio 18 por delitos como homicidio y extorsión, imponiendo sentencias que alcanzaron varios cientos de años de prisión para algunos de sus dirigentes.

Entre los acusados que enfrentan este proceso figuran varios presuntos mandos históricos de la MS13, señalados por las autoridades como responsables de coordinar operaciones criminales durante la última década. Ahora corresponderá al tribunal analizar las pruebas presentadas por las partes y emitir la resolución correspondiente.