Ciudad de México – Una denuncia ciudadana presentada ante diversas autoridades federales solicita investigar la adjudicación directa de un contrato por hasta 4 mil 838 millones 689 mil 280 pesos realizada durante la administración de Víctor Rodríguez Padilla al frente de Petróleos Mexicanos (Pemex), al señalar posibles irregularidades relacionadas con conflicto de interés, simulación de competencia y un eventual daño patrimonial a la empresa productiva del Estado.

De acuerdo con la querella, el contrato fue otorgado el 25 de julio de 2025 mediante adjudicación directa a un consorcio integrado por las empresas Arrendo Serv, S.A. de C.V. e Impulsa Tu Ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., para el arrendamiento de vehículos especializados destinados a labores de salvaguardia estratégica, seguridad física y combate al mercado ilícito de hidrocarburos. El convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028.

La denuncia fue presentada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, aunque también fue remitida a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Órgano Interno de Control de Pemex, con el propósito de que cada instancia investigue los aspectos que correspondan dentro de sus atribuciones.

Según el documento, la contratación se sustentó en una excepción prevista en la legislación aplicable a Pemex, bajo el argumento de que el servicio está relacionado con actividades de seguridad nacional, seguridad pública y protección de infraestructura estratégica.

No obstante, los promoventes consideran que, debido al monto del contrato y a la modalidad utilizada para su asignación, resulta indispensable verificar que el procedimiento se haya realizado con estricto apego a los principios de legalidad, transparencia, eficiencia, imparcialidad, economía y honradez en el ejercicio de los recursos públicos.

La denuncia también solicita que se investigue la capacidad técnica, financiera, patrimonial y operativa de las empresas beneficiadas, así como la identidad de sus beneficiarios finales y la posible existencia de relaciones corporativas o económicas que no hubieran sido reveladas durante el procedimiento de contratación.

Asimismo, plantea que las autoridades revisen si existieron conflictos de interés o una eventual simulación de competencia entre las compañías participantes.

Entre los elementos expuestos en la querella se mencionan presuntos vínculos empresariales y corporativos que, a juicio de los denunciantes, ameritan una revisión por parte de las autoridades competentes para determinar si tuvieron alguna influencia en el proceso de adjudicación.

Sin embargo, hasta el momento no existe una resolución oficial que acredite la comisión de irregularidades ni responsabilidades administrativas o penales derivadas del contrato.

Los promoventes también pidieron que, en caso de detectarse posibles anomalías, se inicien auditorías, procedimientos administrativos y, de ser procedente, investigaciones penales para determinar si hubo afectaciones al patrimonio de Pemex o al erario federal.

Además, solicitaron que la UIF analice la estructura financiera de las empresas involucradas y que el SAT realice las verificaciones fiscales correspondientes.